Buenos Aires, 6 de julio de 2018. Por iniciativa de los diputados del Bloque Peronista, María Rosa Muiños y Claudio Heredia y con despacho de las comisiones de Salud y de Presupuesto, la Legislatura sancionó este jueves una ley que obliga la provisión gratuita de suplementos de ácido fólico a las embarazadas en todas las dependencias sanitarias estatales de la Ciudad de Buenos Aires.

El ácido fólico o folato es un tipo de vitamina B (vitamina B9) que en forma natural se encuentra en hortalizas de hojas verdes, frutas cítricas y frijoles. Le llaman ácido fólico al folato artificial o sintético, que es un suplemento para agregar a los alimentos fortificados.

Esta vitamina B9 ayuda en el crecimiento de los tejidos y en el trabajo celular; junto con la B9 y la C trabaja para descomponer, utilizar y crear nuevas proteínas. También es formadora de glóbulos rojos, por lo cual previene la anemia y es esencial para producir el ADN que transporta la información genética. Por todo eso, se considera al ácido fólico, folato o vitamina B9 como imprescindible para el desarrollo prenatal.

La ley votada por los diputados de la CABA dispone "asegurar la provisión gratuita de suplementos de ácido fólico o la medicación que a futuro lo reemplace, a las mujeres en edad de procrear en búsqueda de un embarazo que asistan a consultas gineco-obstétricas y preconcepcionales, embarazadas y presuntas embarazadas hasta cumplidas las catorce (14) semanas de amenorrea".

También estipula que se deben "diseñar campañas de concientización acerca de la importancia de la ingesta de ácido fólico en las etapas pre y durante la gestación, para la prevención de malformaciones del tubo neural, prevención de anemias y otros beneficios para la salud".

"La provisión gratuita es obligatoria en todos los efectores del Sistema de Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", reafirma otro artículo de la norma, lo que refiere a hospitales o salas de atención primaria de la salud. 

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud porteño, que coordinará las acciones necesarias para asegurar la implementación de la normativa. Ya existe la Ley nacional N° 25630, del año 2002, que ordenó la fortificación de las harinas para consumo humano con determinados minerales y vitaminas, entre ellos el ácido fólico.

El despacho de la Comisión de Salud aprobado con 56 votos explicó que "el consumo de ácido fólico en la etapa previa y durante la gestación del embarazo es fundamental para el desarrollo prenatal de modo saludable" y afirmó que "previene hasta un 70% el riesgo de que el niño nazca con defectos del tubo neural que pueden traducirse en espina bífida, anencefalia, encefalocele, y resulta útil para la prevención de partos prematuros, preclampsia, el desprendimiento prematuro de la placenta y el infarto placentario".

En julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en la causa Mendoza, por lo cual determinó la responsabilidad del Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires por la prevención y recomposición del daño ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo. Por eso en el Salón Montevideo, la diputada Carolina Estebarena  (VJ) organizó un encuentro con los consejeros directivos de ACUMAR, Pablo Bereciartua y Alberto Términe, por Nación y Ciudad respectivamente; la coordinadora del Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), María Eugenia Di Paola y al director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli.

La diputada Estebarena recordó que en 2008 "leí este fallo y me imaginé el Riachuelo limpio, que iba ser un lugar de esparcimiento para los vecinos" y hoy resaltó "los avances visibles en esta década", aunque hoy revisarán el estado de situación.

Beatriz Silvia Mendoza junto a otros habitantes y profesionales, habían iniciado en 2004 una demanda, con el patrocinio de las organizaciones FARN, CELS, Greenpeace y Asociación Vecinos de La Boca, donde reclamaban el resarcimiento por los daños ocasionados como consecuencia de la contaminación generada por casi 50 empresas de la zona.

Los damnificados que se habían presentado ante la justicia eran los habitantes del asentamiento Villa Inflamable (Dock Sud, partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires); y por otra parte vecinos afectados que además eran profesionales (médicos, psicólogos, odontólogos, enfermeros) del Hospital Fiorito de Avellaneda y se domiciliaban  en la provincia (Wilde, Avellaneda, Villa Domínico) y Capital Federal (barrio de La Boca).

Bereciartua destacó que desde junio de 2016 se está avanzando en "la obra de saneamiento más grande de los últimos 70 años y es el más alto que financia el Banco Mundial" y destacó el "sistema sur de agua potable, que es la obra más grande en los últimos 40 años", ya que se está invirtiendo en la planta de Beriso, con un beneficio para más de 4 millones de habitantes.

Términe destacó los presupuestos porteños para el Plan Integral de Saneamiento Ambiental y el de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, el control industrial en la cuenca con 62 operativos, la limpieza de las márgenes del río, que lleva más de 1700 toneladas de residuos recolectados y la relocalización del 33% de las familias que vivían en la zona riesgosa de la cuenca. También ponderó la liberación del 91% del camino de sirga, en la costa.

Di Paola afirmó que "sin dudas, el fallo Mendoza ha sido un hito", pero preponderó que "el gran desafío actual es como se transforma esto en una política de mediano plazo, que perdure en la cuenca". Admitió la funcionaria del PNUD que "necesitamos obras de infraestructura", pero también "un ordenamiento socioambiental". Destacó que el fallo Mendoza fue "un viraje de lo reactivo a lo proactivo", ya que a través de la sentencia de la Corte Suprema se estableció una agenda para abordar la temática de manera integral.

Nápoli afirmó que "el fallo Mendoza fue una continuidad de los temas previos", ya que hubo informes diagnósticos de la Defensoría del Pueblo y de Universidades, además de la detección de plomo en sangre que tenían los habitantes de Villa Inflamable. También el directivo de FARN resaltó que el fallo produjo la constitución de la ACUMAR, que pudo superar la fragmentación existente entre los gobiernos de Nación, Ciudad y Provincia. Valoró  que "la limpieza de las márgenes" a lo largo de los años "se transformó en política pública".

  

Pero Nápoli advirtió que hay todavía más de 1 millón 600 mil personas vulnerables. Alertó que "una cosa es la cantidad de obras, pero hay que mejorar la calidad de vida de la población", ya que persisten los problemas de las industrias, los basurales a cielo abierto y el de la calidad del agua, que tiene "un uso nivel 4, el más miserable".

Compartir nota en las redes sociales Enviar Imprimir